EE.UU. veta los routers extranjeros: qué cambia para TP-Link, Asus, Fritz!Box y el despliegue del Wi-Fi 7
La FCC ha incluido los routers fabricados fuera de Estados Unidos en su lista de amenazas a la seguridad nacional. Ningún modelo no homologado antes del 23 de marzo de 2026 podrá venderse en suelo estadounidense. Las consecuencias van desde menos opciones de compra hasta precios más altos y un retraso en el Wi-Fi 7.
El Gobierno de Donald Trump ha ampliado su ofensiva tecnológica a un dispositivo que hasta ahora pasaba desapercibido como elemento de seguridad nacional: el router doméstico. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha incluido los routers fabricados fuera de Estados Unidos en su Covered List, la lista oficial de tecnologías consideradas una amenaza inaceptable para la seguridad del país.
El movimiento tiene un impacto inmediato y medible en el mercado, pero también inaugura una nueva fase en la doctrina de soberanía digital de Washington: si un dispositivo toca la red, es infraestructura. Y la infraestructura no puede depender de cadenas de suministro extranjeras.
El alcance real del veto: qué está prohibido y qué no
La medida es contundente en su dirección pero más matizada en su aplicación inmediata de lo que sugiere el titular. Entender exactamente qué prohíbe la FCC es clave para valorar su impacto real.
La FCC no ha ordenado retirar ningún router que ya esté funcionando en hogares y empresas. Lo que ha bloqueado es la homologación de modelos nuevos no autorizados antes del 23 de marzo de 2026. Un router TP-Link o Asus comprado antes de esa fecha sigue siendo legal, sigue funcionando y seguirá recibiendo actualizaciones hasta marzo de 2027.
Las fechas clave de la normativa definen tres escenarios distintos para fabricantes, distribuidores y usuarios:
Por qué el router y no solo el smartphone: Washington ha dejado de tratar el router como un periférico doméstico para considerarlo un punto de acceso crítico. Bajo esta nueva óptica, un router comprometido puede emplearse para exfiltración de datos, creación de botnets o infiltración en infraestructuras de energía, transporte y agua. La amenaza Volt Typhoon, vinculada a actores chinos, ha sido citada explícitamente como justificación de la medida.
Marcas afectadas y la posición especial de TP-Link
La normativa no veta marcas por su origen nacional, sino por el lugar de fabricación. Sin embargo, el impacto real es desproporcionado sobre fabricantes asiáticos y algunos europeos cuya producción está íntegramente localizada fuera de EE.UU.
TP-Link merece mención especial. La empresa ya se encontraba en el centro de la diana política antes de este veto, tras demandas en Texas que alegaban presuntos vínculos con el Gobierno chino, acusaciones que la compañía niega de forma rotunda. Para TP-Link, la nueva normativa no es solo una restricción comercial: es la culminación de una presión política sostenida que amenaza su posición como marca líder en ventas de routers en el mercado estadounidense.
Consecuencias para el consumidor estadounidense
El impacto en el mercado de consumo es directo y predecible. Reducir drásticamente la oferta de fabricantes que han dominado el segmento de routers domésticos durante dos décadas tiene tres efectos inevitables.
La doctrina detrás de la medida
Este veto no es una decisión aislada. Se inscribe en una doctrina coherente que la administración Trump ha aplicado de forma progresiva a distintas categorías tecnológicas: los drones extranjeros fueron restringidos en diciembre de 2025, Kaspersky fue vetado antes, y ahora los routers completan una línea de actuación que trata la cadena de suministro tecnológica como una extensión de la frontera nacional.
El límite de la lógica "Made in USA": Los expertos advierten de que fabricar en territorio estadounidense no resuelve automáticamente el problema de seguridad. Un router ensamblado en EE.UU. con software deficiente o sin actualizaciones sostenidas en el tiempo sigue siendo una vulnerabilidad. La batalla, señalan, es tanto técnica como geopolítica, y los estándares de seguridad del software importan tanto o más que el lugar de fabricación del hardware.
Para los fabricantes que quieran mantener acceso al mercado estadounidense, el camino está trazado pero es costoso: solicitar revisión especial al Pentágono, demostrar una cadena de suministro resiliente y presentar planes concretos de localización de producción. Empresas como Asus y TP-Link ya han iniciado movimientos exploratorios en esa dirección, aunque la escala de inversión necesaria para relocalizar fabricación es considerable.
Conclusión: El veto de la FCC a los routers extranjeros es la medida más tangible hasta la fecha de la doctrina de soberanía digital de la administración Trump. Su impacto inmediato es acotado, los equipos en uso no desaparecen, pero su efecto estructural sobre el mercado es profundo: menos competencia, precios más altos y un retraso en la adopción de Wi-Fi 7 que el resto del mundo no sufrirá. La pregunta que los expertos dejan abierta es si fabricar en EE.UU. resuelve realmente el problema de seguridad o simplemente lo desplaza del hardware al software, donde las vulnerabilidades son igual de peligrosas y mucho más difíciles de regular por decreto.
