Los internos habrían utilizado equipos destinados a videollamadas para acceder a recursos de la red interna y consultar información personal de trabajadores.
📌 En resumen
- Tres presos del centro Puig de les Basses habrían accedido a la red informática interna.
- La actividad permitió consultar doce carpetas con alrededor de 26.000 documentos.
- Entre los datos expuestos podrían encontrarse nombres, identificaciones, teléfonos, correos y matrículas.
- Los Mossos d’Esquadra y la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña investigan cómo se produjo el acceso.
Tres presos accedieron a la red informática de la prisión
Tres internos del Centro Penitenciario Puig de les Basses, en Figueres (Girona), habrían conseguido acceder a la red informática del centro y consultar información personal de funcionarios. El incidente fue confirmado por el Departamento de Justicia el 9 de agosto y actualmente está siendo investigado por los Mossos d’Esquadra y la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña.
Entre la información potencialmente comprometida aparecen nombres, identificaciones, direcciones de correo electrónico, teléfonos corporativos y matrículas de vehículos particulares vinculadas a datos personales.
Los tres internos fueron posteriormente trasladados a otros centros penitenciarios mientras continúa la investigación para determinar exactamente qué información fue consultada o copiada.
El acceso permitió alcanzar unos 26.000 documentos
Según la información trasladada a representantes de los trabajadores, los internos consiguieron acceder a doce carpetas compartidas que almacenaban alrededor de 26.000 documentos.
Entre los datos que podrían haber quedado expuestos se encuentran listados de empleados, direcciones de correo electrónico, teléfonos corporativos de mandos penitenciarios y matrículas de vehículos relacionadas con números de identificación personal.
Dos de esas carpetas habrían sido además copiadas en el ordenador utilizado por los internos. Las autoridades no tienen constancia de que los documentos hayan salido físicamente de la prisión o fueran transferidos a dispositivos externos, aunque tampoco pueden descartarlo completamente mientras continúa el análisis del incidente.
Las pantallas para videollamadas son una de las claves
Uno de los elementos centrales de la investigación son las pantallas táctiles instaladas en la prisión para que los internos puedan realizar videollamadas con familiares y abogados.
Estos dispositivos llevaban poco más de un año funcionando y fueron instalados para facilitar las comunicaciones con el exterior. Ahora los investigadores deben determinar cómo los tres presos pudieron superar las restricciones previstas y alcanzar recursos pertenecientes a la red interna.
Por el momento, no se ha hecho público el procedimiento técnico utilizado. El origen podría estar relacionado con una vulnerabilidad de los equipos, una configuración incorrecta, una separación insuficiente entre redes o una combinación de varios factores.
Los tres implicados eran presos comunes y no constaban como delincuentes especializados en informática, según la información conocida sobre el caso.
La actividad anómala permitió detectar el incidente
Las alarmas generadas por la actividad anómala ayudaron a detectar lo ocurrido. La colaboración de otro interno también habría sido determinante para que los investigadores siguieran la pista de los tres implicados.
El episodio ha puesto el foco en los sistemas de vigilancia de las redes penitenciarias y en su capacidad para detectar accesos no autorizados, comportamientos inusuales y operaciones como la copia masiva de archivos.
Tras descubrirse el incidente, el Departamento de Justicia reforzó la seguridad informática del centro y trasladó a los tres internos. La Administración sostiene que las medidas adoptadas dificultan que pueda repetirse una situación similar.
UGT reclama recuperar la protección de las matrículas
UGT ha solicitado información detallada sobre el incidente y medidas adicionales para proteger a los trabajadores cuyos datos podrían haber quedado expuestos.
Una de sus principales peticiones está relacionada con las matrículas de los vehículos particulares. El sindicato reclama recuperar las matrículas protegidas para los funcionarios penitenciarios, una medida que anteriormente dificultaba relacionar un vehículo con su propietario y su trabajo en una prisión.
El Govern se ha comprometido a gestionar con el Ministerio del Interior la posibilidad de recuperar esta protección.
Los representantes sindicales también quieren que se investigue la responsabilidad del proveedor del servicio informático y que se determine si los dispositivos cumplían los estándares de seguridad exigibles cuando fueron instalados y qué pruebas se realizaron antes de su puesta en funcionamiento.
La brecha también plantea dudas sobre la protección de datos
El acceso no autorizado a información identificativa abre otro frente relacionado con el Reglamento General de Protección de Datos, conocido como RGPD.
Uno de los aspectos que deberá determinarse es el nivel de riesgo para los trabajadores afectados. La exposición de un correo corporativo no tiene las mismas implicaciones que relacionar la identidad de un funcionario con la matrícula de su vehículo particular.
Cuando una brecha puede representar un riesgo para los derechos y libertades de las personas, el RGPD establece obligaciones específicas para su gestión y, en determinados casos, para su notificación. Si el riesgo es elevado, la comunicación a las personas afectadas adquiere especial relevancia.
Por ello, conocer exactamente qué información fue comprometida será determinante para establecer las medidas que correspondan.
El caso pone bajo revisión los sistemas digitales de las prisiones
El incidente de Puig de les Basses también plantea interrogantes sobre la seguridad de los dispositivos conectados utilizados en los centros penitenciarios.
Las pantallas y sistemas destinados a facilitar las comunicaciones de los internos amplían los servicios disponibles, pero también pueden aumentar la superficie susceptible de sufrir un ataque si existe alguna vía hacia otros recursos informáticos.
La investigación deberá reconstruir el procedimiento seguido por los tres presos y determinar exactamente dónde se produjo el fallo de seguridad.
Por ahora, el incidente afecta potencialmente a doce carpetas y alrededor de 26.000 documentos, mientras las autoridades continúan analizando el alcance de la brecha y qué información pudo quedar realmente comprometida.
